Poder sin rostro

“El capital financiero global está en el origen de graves delitos, no solo contra la propiedad sino contra las personas y el ambiente. Se trata de criminalidad organizada responsable, entre otras cosas, del sobreendeudamiento de los Estados y el saqueo a los recursos naturales de nuestro planeta.”

Papa Francisco, 2019, discurso a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

Muchos sostienen que existe una dificultad muy grande para regular el capital financiero, porque se configura como un capital oculto y silencioso, difuso, que pocos conocen y que actúa -sobre todo- virtualmente. Esta premisa, poco cierta, constituye -en primera instancia- una intención de divorciar las discusiones económicas de las discusiones políticas, divorcio imposible que tiene un largo historial de intentos y que ha fracasado incluso en las más porfiadas ortodoxias.

En los últimos años, la casta de especuladores financieros demostró su capacidad de originar corridas cambiarias y de devaluar la vida de la gente en cuestión de minutos. En nuestro país, “los mercados”, al devaluar el dólar, dictaminaron cuánto menos que ayer vale hoy tu vida, la mía y la de todos. Este hecho nos permite observar nítidamente una situación que representa un grave problema en la actualidad y en la totalidad de la historia argentina: la disputa por el valor de la moneda nacional y la dolarización de todas las esferas de la vida pública.

Al menos desde 1976, la Argentina no es una nación bimonetaria, sino que tiene una divisa única y ordenadora: el dólar. De esa moneda dependen las tarifas, el poder adquisitivo del salario y el precio de los alimentos que consumen los argentinos. Este problema, de larga data, abarca la totalidad de la cultura argentina, una cultura dolarizada. La gramática mercantil argentina -con serio déficit de conciencia nacional y recurrentes inconvenientes de restricción externa- nos impide efectuar una regulación del capital financiero sin diseñar una política de fortalecimiento de la moneda nacional y una solvente política cambiaria. La moneda nacional no es solo una cuantificación técnica, es una institución social y un elemento de soberanía en disputa.

No es posible que exista una moneda nacional fuerte sin conciencia y claridad de los intereses argentinos y los intereses regionales. Podríamos pensar que un país como Argentina, en el cono sur de la región y en solitario, no tiene herramientas suficientes para sostener una moneda fuerte en un contexto de transnacionalización absoluta de la producción y virtualidad de las fronteras del mercado mundial como el actual. Es cierto, y similar razonamiento hicieron Kirchner y Chávez cuando intentaron impulsar el desarrollo de un banco sudamericano común, iniciativa ambiciosa que aspiraba a conformar un gran banco de crédito para el desarrollo de los países latinoamericanos con economías emergentes.

Sin embargo -y en rigor de verdad- es necesario distinguir la dolarización cultural argentina de la de otros países vecinos. La economía chilena, brasileña y boliviana, por dar algunos ejemplos, no sufren el mismo nivel de impacto que sufre la economía argentina cuando el dólar presenta alguna variación, porque -si bien también están sujetas al dólar- sus monedas nacionales tienen una independencia mayor. Los chilenos, los brasileros y los bolivianos no piensan en dólares a la hora de comprar una casa, ahorrar o cobrar un sueldo; los argentinos sí.

El desafío de la época y de los gobiernos nacionales con políticas de promoción de la equidad y la igualdad es regular el capital financiero; no debe hacerse a modo de resistencia, la ecuación implica necesariamente un contraataque. Sin que esto necesariamente involucre cambiar el financiamiento general del Estado ni atacar la libertad financiera, es necesario discutir de fondo -una vez más- el orden político general sobre el que se sostienen los gobiernos y el modelo de acumulación del capital que impulsan. La idea de que pueden coexistir proyectos políticos soberanos con economías nacionalistas sin quitarle terreno a esta todopoderosa bancocracia globalizada es una idea ingenua y falaz.  A las claras podemos ver en los manejos del capital financiero un poder económico y político centralizado capaz de destituir presidentes, primeros ministros y debilitar gobiernos a lo largo y ancho del globo. Como dice mi amigo Alexis, “los mercados votan antes que la gente”.

¿Cómo se regula el sistema financiero?

A fines de la Segunda Guerra Mundial, sancionado el sistema de Bretton Woods, el capital internacional estuvo “enjaulado” por la imposición de fuertes controles con el espíritu de proteger los intereses de la gente común y de la economía en general, muy golpeada por la guerra. Estas medidas fueron muy bien recibidas en todo Occidente, que tenía muy poca simpatía por los banqueros internacionales, a quienes les atribuía responsabilidad por la Gran Depresión. El crecimiento económico mundial fue considerablemente más alto en promedio durante el sistema Bretton Woods. Esta época de recuperación económica fue conocida como la edad de oro del capitalismo.

En la Argentina el encargado de regular la política cambiaria es el BCRA, es el ente público que oficia de intermediario entre el ahorro nacional, las inversiones, el crédito interno y el externo. Argentina tuvo control de capitales desde 1931, pero la intensidad y cualidad de estos controles varió con el correr de los años separándose en varios períodos. En una primera instancia, durante el período 1941-1945, por los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la escasez que ésta acarreó, Argentina racionalizó el uso de divisas y adoptó una política contracíclica. El tipo de cambio era único y lo fijaba diariamente el Poder Ejecutivo, y se acumularon reservas para prevenir momentos críticos. En 1943, con el gobierno de Edelmiro Farrell, el BCRA resolvió la exigencia de un permiso para la entrada y salida de capitales del país, política intervencionista que mantuvo el gobierno de Perón paulatinamente hasta alcanzar la unificación del mercado de cambios a fin de su primer período. En 1946 Perón creó el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que bajo la órbita del BCRA regulaba el comercio exterior y adoptaba funciones financieras como las de limitar al sector privado para la adquisición de bienes de capital. La libre circulación de capitales se vio prisionera de un Estado que la limitaba para promover una moneda nacional fuerte.

Sobre 1955, la política cambiaria se desvirtuó y Argentina asistió a una gradual pero segura liberación del mercado de cambios que perduró hasta 1964, momento en el cual se restablecen los controles y se arancelan las importaciones de productos básicos prescindibles y de sectores “sensibles” de la economía y la producción nacional. Este control -en épocas del Presidente Illia- se retoma para proteger el empleo y apostar al desarrollismo. Más tarde, Onganía continúa y profundiza esta línea, extiende el período de inversión el país e impide en 1970 la libre transferencia de fondos al exterior. Se establecen plazos para que los exportadores liquiden sus divisas y se prohíbe la constitución de depósitos en moneda extranjera, políticas propias de una economía nacionalista. 

Finalmente, en 1977 la política cambiaria argentina se desreguló completamente en manos de José Alfredo Martínez de Hoz. Ese año se sancionó la Ley de Entidades Financieras, ley que desregula la tasa de interés, liberaliza los créditos del BCRA y concentra en pocas manos el manejo financiero del país. Las entidades financieras -bancos, empresas financieras o cooperativas de crédito- pasaron de ser 726 en 1976 a ser tan solo 77 en 1983. Se propicia una economía de valorización financiera que destruye el mercado interno y el empleo argentino, se consuma una política que será moneda corriente hasta el kirchnerismo: el traslado masivo de recursos de los sectores productivos a los especulativos y la concentración financiera en algunas pocas entidades. 

Este modelo establecido por Martínez de Hoz complicó el porvenir del país en los años futuros, ese quiebre radical fue la primer herida de un modelo que no supo curarse y que terminó con la primavera fallida de Alfonsín: desdoblamiento cambiario, abucheo en La Rural, fuga y tasas por las nubes. El año 1989 fue más duro aún, se emitió una cantidad de deuda sin precedentes y aconteció la hiper, crudo final. En los 90, la salida de la crisis fue la dolarización total: el Plan de Convertibilidad, 1 a 1, se pretendió asimilar la vapuleada economía argentina a la estadounidense igualando el valor del peso al valor del dólar. La convertibilidad sirvió -en un principio- a modo de parche para salir del apuro, pero a la larga demostró ser un modelo de ficción insostenible.

En 2001, para evitar el default, la Alianza propuso el “megacanje”, pero la crisis no se detuvo y alcanzó su punto cúlmine con el memorable “corralito”, la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros para los individuos y prohibiciones para las entidades. Al incendio le echó manguera Duhalde primero y luego Kirchner. ¿De qué manera? Precisamente con una Reforma del Régimen Cambiario​, que derogó la convertibilidad y pesificó la deuda, reprogramando los depósitos de acuerdo a un cronograma en función de los montos depositados y efectuando una devaluación, tarea sucia y necesaria de la cual se ocupó el ministro Remes Lenicov. Por su parte, Kirchner, inició la recuperación real de la mano de Roberto Lavagna y sentó la bases de un orden político de acumulación de capital estimulando la producción; el PBI creció en promedio un 8% durante su gestión, se crearon cantidades de puestos de empleo y se distribuyó de manera equitativa la riqueza.

Cristina Fernández de Kirchner continuó este modelo de desarrollo y elaboró las primeras grandes restricciones cambiarias para 2011, medidas que fueron endureciendo cada vez más el control de cambio impuesto para dar lugar al denominado cepo cambiario. En 2012 se establecieron controles tanto para los individuos, que ahora debían comprar en relación a su salario y podían comprar hasta un 25% del mismo, como para las empresas que necesitaban dólares para el pago de importaciones y debían solicitar una aprobación del Banco Central para realizar estas operaciones.

Esta medida -muy cuestionada- se eliminó apenas asumió el Presidente Macri. Con Macri en el poder se retomó la liberalización gradual de la política cambiaria que se consumará en 2017, el día en que el ministro Dujovne llevó a cabo la eliminación del encaje y del plazo mínimo de permanencia para organismos multilaterales de crédito. Más tarde -en 2018- se repitió la historia y sucedió lo que todos conocemos: festival de emisión de deuda desde el BCRA, devaluación forzosa con apertura irrestricta para el ingreso y egreso de capitales financieros, sumado a una inmensa bicicleta con las Lebac, primero, y con las Leliq, después.

Más allá de los buenos o malos manejos de la política cambiaria a lo largo de la historia y las distintas gestiones de gobierno en Argentina, es importante entender que sin un diseño de una política de fortaleza de la moneda nacional, el capital financiero es difícilmente regulable. La decisión política del Banco Central debe ser la de orientar el ahorro nacional al desarrollo económico por áreas estratégicas, y para ello es necesario una regulación de la tasa. El ahorro nacional al servicio del desarrollo productivo es una retribución mejor a la sociedad que lo origina que cuando se lo pone al servicio de la especulación. El largo camino hacia un nuevo Welfare State requerirá obligadamente ocuparse de este asunto.

A modo de conclusión

El capital especulativo se ve disminuido en su poder cuando el Estado nacional se expande y se fortalece. A mayor expansión democrática: más desarrollo y menos laissez faire de la timba. Regular y limitar el accionar de este poder económico concentrado es sano para darle un envión democrático a la república y una nueva salida a la sociedad, para formular con el conjunto de los actores del arco social y político una alternativa progresista que neutralice y enfrente la especulación masiva, la desaceleración industrial y la fuga de capitales. 

Es menester para los tiempos corrientes revalorizar la vida de los ciudadanos y poner a las instituciones por encima del capital especulativo, humanizando aquellos capitales que hoy por hoy dañan a las personas y a las instituciones. El nuevo gobierno tendrá que trabajar estos ejes y diseñar una estrategia que permita poner en valor la vida de los ciudadanos, ponerle un freno al convulsionado ritmo de las tasas de interés y desactivar el endeudamiento público feroz al que nos hemos acostumbrado estos últimos años. Con responsabilidad y patriotismo, partiendo de la premisa de que la sociedad merece un horizonte de prosperidad libre de ataduras bancarias. Es éticamente inaceptable que los trabajadores, los jubilados, los pequeños y medianos empresarios, los ahorristas y los pensionados tengan su suerte echada en manos de un poder sin rostro.

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