Más allá de Vaca Muerta ‧ Por Iván Sznaider

Por Iván Sznaider

En este contexto crítico de la economía, y sobre todo al comenzar el verano y con él, los cortes de luz, se habla mucho sobre la política energética del Kirchnerismo. Las decisiones en materia energética en el período 2003-2015 fueron discutidas por una gran parte de los especialistas, incluso por algunos ministros del gobierno de Alberto Fernández. Se critica, principalmente, la utilización indiscriminada de subsidios a los hogares residenciales del AMBA. Repasemos la historia para poder hacer un análisis certero.

Síganme (no los voy a energizar)

Durante los años ’90 la Argentina realizó un cambio de raíz en cuanto a la política energética. Y es que durante la presidencia del Dr. Carlos Menem se llegó, por primera vez en mucho tiempo, al autoabastecimiento en términos de hidrocarburos. Este fue un hecho económico significativo que trajo aparejados beneficios pero también perjuicios. En primer lugar, el autoabastecimiento permitió mejorar el resultado de la balanza de pagos, ya que no solo se dejaron de importar hidrocarburos, sino que se permitió, por primera vez en la historia, comenzar a exportar a países vecinos el diferencial entre la producción total y el consumo interno.

Un evento que produjo un cambio sustancial, sobre todo si se tiene en cuenta que el régimen de la Convertibilidad necesitaba de un fuerte respaldo en dólares para poder subsistir. En segundo lugar, para garantizar la exportación fue necesario una mejora en la infraestructura existente. Es así como la construcción de gasoductos permitió mejorar la competitividad de la Argentina en el sector. Pero, ¿a qué costo se logró? Lo primero que uno tiende a pensar cuando se habla de hidrocarburos durante el menemismo es, seguramente, la privatización de YPF.

En el año 1992, el gobierno decidió vender la empresa estatal y desarticular el modelo de regulación en el sector, permitiendo que empresas extranjeras y privadas puedan hacer uso de los pozos petroleros que habían sido descubiertos con anterioridad por YPF. El problema es que ¿se olvidaron? de exigir a cambio que se invierta en la exploración de nuevos pozos, para garantizar que la actividad pueda continuar siendo sustentable a largo plazo.

Gracias a esta política energética de desregulación, hubo una fuerte sobreproducción que efectivamente logró el abastecimiento del mercado local y la exportación. La contracara de esta realidad tiene como protagonista el agotamiento de muchas de las reservas existentes en ese momento. Es importante señalar, además, que la política exportadora del sector se dio en un momento donde el precio de los hidrocarburos era muy bajo, con lo cual se vendía mucho volumen pero a bajo precio.

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After YPF

Esta situación evidencia que la Argentina se enfrentaba, a principios del siglo XXI, a fuertes desafíos en materia energética que debían ser atendidos por los gobiernos de turno. Es muy común leer y escuchar furiosas críticas a la política energética del Kirchnerismo. De hecho, existen muchas “verdades incuestionables” instaladas por los medios hegemónicos, que llegaron a transformar el tema en uno de los caballitos de batalla de la derecha. Sin embargo, para hacer un análisis serio sobre el tema se hace necesario entender las condiciones materiales con las que se iniciaba un nuevo ciclo político. Los problemas energéticos que recibió Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, lejos de ser una justificación a sus medidas, son un elemento indispensable para comprender el problema energético de manera integral.

Desde el año 2003, la Argentina vivió un vertiginoso crecimiento económico, motorizado, principalmente, por el crecimiento de la industria y el consumo. Esto trajo aparejado un fuerte aumento de la demanda eléctrica con motivo productivo y doméstico. Hasta el año 2004 nuestro país siguió aumentando los niveles de producción de energía, gracias a la cortoplacista estrategia energética desarrollada en la década anterior. Pero una vez que los pozos petroleros descubiertos por la estatal YPF se agotaron, afloraron algunos de los problemas que serían determinantes para el desarrollo económico de los últimos años del Kirchnerismo.

El gobierno de Néstor primero, y los de Cristina después, si bien le devolvieron al Estado el rol central de planificador de la política energética local, no lograron desarrollar una política sustentable para el mediano y largo plazo de nuestro país. Para afrontar la creciente demanda de energía, se construyeron centrales térmicas, las cuales utilizan el gas natural para la elaboración de electricidad. Lo positivo de estas centrales es que pudieron ponerse rápidamente en funcionamiento, en contraposición con otras grandes obras que llevan tiempo y mucho dinero. El problema fue que la Argentina tampoco es superavitaria en gas natural, con lo cual fue indispensable importar este insumo, principalmente de Bolivia, mediante el gasoducto que une a los dos países.

Lamentablemente, los problemas no terminaron ahí. La capacidad del gasoducto es limitada, con lo cual, cuanto más crecía nuestra producción, mayor era nuestra necesidad de conseguir energía y ya no era posible importarlo desde Bolivia. La solución fue, otra vez, importar gas. Pero en esta oportunidad la decisión fue comprar gas licuado, el cual también necesitaba de una infraestructura importante para poder ser utilizado y, además, a un precio mayor.

Esta alarmante situación era alimentada, cada vez más, por una enorme cantidad de subsidios a la energía para uso doméstico, que llegó a tener, en el año 2014, una diferencia de casi nueve veces con el precio real.  Es claro que tener tarifas accesibles en cualquier país en desarrollo es una política positiva, en especial para los hogares de ingresos más bajos. Una política de carácter realmente distributivo podría haber sido un subsidio diferenciado, que sea más fuerte para los hogares de los deciles más bajos y más débil para los deciles más altos.

También es cierto que las bajas tarifas desalentaron el uso racional de la electricidad, provocando prácticas de derroche. El Estado Argentino no ha encarado políticas educativas que tiendan a concientizar a la ciudadanía en el uso responsable de los recursos naturales.   

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La política energética del período kirchnerista, en especial el segundo mandato de Cristina Kirchner, fue fundamental para el deterioro de la situación macroeconómica general, siendo uno de los factores que mejor explican la caída en las reservas internacionales y el deterioro de las cuentas públicas. Durante los últimos años de dicho período, la cuestión energética se convirtió en un profundo obstáculo para la economía que terminó afectando al proyecto político. Se tomaron medidas cortoplacistas, como la construcción de centrales térmicas, que, si bien tendían a aumentar la oferta energética, fue con un alto costo para nuestro país. Es posible que alguna de estas decisiones hayan estado influenciadas por la mala administración energética de gobiernos anteriores, pero esto no quita responsabilidad sobre la falta de un plan integral de desarrollo que contemple un sistema energético sustentable en el tiempo.

Al mismo tiempo, en este período se dio uno de los mayores aciertos en cuanto a la recuperación del rol central del Estado en la planificación de la política energética: la reestatización de YPF. Esta medida permitió recuperar la inversión en el sector y revertir la fuerte caída en la producción. Sin lugar a dudas fue uno de los mayores aciertos del kirchnerismo en relación al tema, aunque fue, sin lugar a dudas, tardío.

A modo de conclusión

Luego del gobierno de Macri, donde se atacó el problema de los subsidios pero de una manera poco inteligente, afectando no solo el consumo sino también la producción de las pequeñas y medianas empresas, la Argentina tiene otros desafíos. Sumado a la necesidad de construir una política energética con un rol central del Estado en cuanto a la planificación, inversión, exploración y explotación de recursos, existe el desafío de la diversificación de las fuentes energéticas que utiliza nuestro país.

La Argentina tiene, en Vaca Muerta, una enorme oportunidad para atacar el problema energético. Pero para poder explotar todo el potencial de esta reserva de petróleo y gas no convencional. Para hacerlo, es necesario contar con mayores niveles de inversiones e infraestructura que habiliten a mejorar los niveles de rentabilidad.

Lamentablemente, a raíz de políticas cortoplacistas de los últimos 18 años, dependemos fuertemente del gas para aprovisionar de energía a nuestros hogares e industrias. Al no ser autosuficientes, caemos en la necesidad de importarlo, provocando una importante salida de divisas. Además, al carecer de infraestructura, no podemos comprar todo el gas que se necesita a Bolivia, con lo cual, se termina adquiriendo a precios muy elevados que afectan la competitividad de nuestras industrias y generan una mayor carga en concepto de subsidios del Estado. 

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La Argentina cuenta con grandes posibilidades para producir energía solar y eólica. En la Patagonia tenemos las condiciones ideales para la producción de ese tipo de energía. Si bien es cierto que la energía eólica no posee los más altos grados de eficiencia en relación al espacio necesario para su producción, provee de externalidades positivas en cuanto a la contribución a la lucha contra el cambio climático y permite diversificar la matriz energética. Además, el noroeste argentino posee altos niveles de radiación solar, lo que resulta ideal para esta producción de energía.

Con un Estado presente, inteligente, planificador e integrador, la Argentina puede comenzar un virtuoso proceso en el cual se solucionen muchos de los problemas generados en las últimas décadas de erradas medidas en términos energéticos y sus posteriores baches que, en lugar de ser una solución, terminan empeorando el problema. Si, además, logramos amortiguar el peso de los subsidios a la energía y bajar el costo del gas importado, podremos eliminar una de las restricciones para el crecimiento de nuestro país y tener una mejor y más competitiva industria nacional. 

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