EN NOMBRE DE LA LEY · #CDR4 · POR MARTÍN PONT VERGÉS

“Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario gobierno alguno.James Madison.

La última vez hablamos de la épica de la virtud republicana. Hacia el final, nos dimos cuenta que depositar toda esperanza en tener líderes y ciudadanos impecables no solo era ingenuo, sino directamente molesto. Los seres humanos tenemos el ingrato vicio de equivocarnos de vez en cuando; los líderes pueden ser brillantes pero también pueden ser unos imbéciles: Napoleón creó un Código Civil inigualable; Calígula mandó –literalmente– a un ejército entero a apuñalar las olas en la playa para “derrotar a gran Neptuno” (Suetonio, p.80). 

Pero esto el pensamiento republicano ya lo sabía. No alcanza con decir que tenemos que ser buenos. La mejor manera de autolimitarse es aceptar deliberadamente que, no importa lo que pase, haya otros que te limiten. Se trata de reconocer nuestros propios vicios: aceptar que somos personas, no somos infalibles y ni siquiera estamos tan seguros de tener razón. El detective inestable se sienta en la barra y le da las llaves del auto al cantinero para que, si lo ve medio borracho, no pueda volver a casa manejando. Odiseo pide que lo aten al mástil y le tapen los oídos para evitar caer presa del canto de las sirenas. Establecer límites en la duración de los mandatos y en la reelección de los y las gobernantes, dividir el poder en tres y, sobre todo, contar con un cuerpo de leyes supremas son algunas de las herramientas con las que cuentan las repúblicas modernas para hacer básicamente lo mismo. En el Imperio de la Ley, la gente puede seguir siendo buena y justa como Cincinnatus pero, si no tiene ganas, ahí se encuentra el poder público para que no se pase de la raya.

Si la tiranía es el gobierno “de facto” de unos pocos para unos pocos (el “imperio de los hombres y no las leyes”), la República se convierte en un gobierno “de iure” basado en una institucionalidad respaldada por el conjunto y orientada al bien común (el “imperio de las leyes y no de los hombres”). Los ciudadanos consienten someterse –todos por igual, sean gobernantes o gobernados– a un conjunto de leyes impersonales de aplicación universal y vocación de durabilidad en el tiempo. Siendo todos vasallos de la ley, ya no hay señores, para que, en palabras de Montesquieu, “nadie tenga que ser forzado a hacer las cosas a las que no lo obliga la ley, y a no hacer aquellas que la ley permite” (Bobbio, 2002). 

Así, la ley no solo funciona como canal de solución de controversias privadas, sino como salvaguardia de la seguridad y la libertad de los y las ciudadanas, poniendo límites a los gobernantes. Pero no sólo los limita, sino que también los legitima, dado que de esta manera –y precisamente porque se supone que las leyes son la expresión de la voluntad duradera del pueblo– los magistrados “gobiernan al pueblo tanto como el pueblo los gobierna a ellos” (Cicerón en Godolaze, 2014). 

No hace falta comprar el pack completo del institucionalismo liberal para que una revolución tan fundamental nos sea de mucha utilidad. Por un lado, porque nos brinda una perspectiva brillante para poner lo colectivo por sobre lo individual sin poner al primero en la posición de hacer lo que quiera con el segundo, viendo la relación entre el Estado (representante por definición del colectivo) y la Sociedad como un cruce permanente e interminable –y no una contradicción lineal– entre las voluntades de quienes nos precedieron, en la forma de tradiciones y leyes institucionalizadas, y los deseos y demandas de los grupos de personas que hacemos lo mejor que podemos en el presente. No somos los primeros en llegar ni seremos los últimos. Por otro, porque limitar el poder del gobierno no significa eliminarlo. Más bien, protege la base de su existencia evitando que se convierta en su propia destrucción (cuidar las formas puede ser molesto, pero es lo que nos cuida de no corromper los fines) y le deja un abanico inmenso de herramientas con las que transformar la sociedad para mejor. Pero… ¿estamos de acuerdo en lo que es ese “mejor”?

Que el ciudadano obedezca respetuosamente a los magistrados; que el magistrado obedezca ciegamente a las leyes.

Mariano Moreno

Basta vivir en el planeta tierra para darse cuenta de que esta cuestión es espinosa. La humanidad no sabe vivir de otra forma que no sea en común. Vivimos en cuerpos políticos con otra gente que es, por un lado, lo suficientemente igual como para que podamos entendernos y, por otro, lo bastante diferente como para desear cosas contradictorias. Esto convierte al conflicto en algo tan inevitable como la necesidad de resolverlo, por la fuerza o el consenso, para seguir viviendo entre todos y todas.

En 1788, James Madison y Alexander Hamilton se enfrentaban cara a cara con este asunto Había que conseguir una constitución que centralizara el poder lo suficiente como para que se pudiera gobernar, pero los estados (con intereses contrapuestos) la tenían que aceptar. Había que equilibrar libertad con control institucional, porque querían unir las partes pero también sabían que conflicto iba a haber siempre. Madison (p.39) lo compara con el fuego: si se quiere eliminar las raíces del conflicto, hay que anular la libertad de los habitantes o bien lograr de alguna manera que todos humanos piensen y sientan lo mismo, lo cual no solo parece imposible sino que contradeciría el propósito inicial de fundar una república; destruir el conflicto sería como tratar de eliminar todo el oxígeno de la tierra para evitar la posibilidad de que haya incendios. Una muy mala idea. 

Por eso, los autores del Federalista apostaron a contener y canalizar el conflicto, que siempre estaría ahí, de manera institucional, dividiendo el poder entre actores que no solo gobiernen, sino se controlen entre sí de manera horizontal y transversal (estableciendo tres poderes y un federalismo poderoso) y estén sujetas al escrutinio de los votantes. En vez de enfrascarse en la calidad humana de las personas, había que intentar hacer mejores a las instituciones.

250 años antes, Nicolás Maquiavelo se enfocó en la Roma temprana, buscando encontrar algún atisbo de solución a su atomizada y siempre dividida Italia, y encontró que el motor de su éxito fue, curiosamente, el conflicto (p. 264 a 272). La fuerza motriz de todas las leyes justas era el choque furibundo entre dos “humores”, el aristocrático –con deseo de oprimir– y el popular –con el deseo de no ser oprimido–, siempre que estuviera contenido y canalizado por instituciones saludables y poderosas que combinaran elementos monárquicos (en Roma, el consulado), aristocráticos (el senado) y democráticos (tribunos de la plebe). De la desunión debían salir la síntesis parcial y el fortalecimiento colectivo. En la actualidad, salvando la distancia, podemos distinguir principios similares en la democracia política –al menos– occidental, que conjuga elementos que centralizan el poder, con algunos que garantizan la existencias de élites y otros que empoderan al conjunto de la ciudadanía. 

Ya que hablamos de democracia moderna, concluyamos con las palabras de Norberto Bobbio (2002, pp. 30 y 31), que presenta un caso clarificador, desde una perspectiva moderna, en defensa de la institucionalidad republicana en nuestros tiempos:

Nuestra curación la darán solamente las buenas instituciones. ¿Pero cuáles serán? Respondemos con una palabra: instituciones democráticas. Éstas son las instituciones que convocan al mayor número posible de ciudadanos a la responsabilidad del poder sin atarlos a éste, las que mediante la ampliación del sufragio, la participación y la vigilancia impiden que unos pocos transformen el estado en un bastión de privilegios y que se atribuyan todos los beneficios del poder quitándose de encima todas sus responsabilidades. Y de este modo nos vemos llevados de vuelta una vez más al contraste entre hombres e instituciones que nos da la medida de la diferencia esencial que separa a un régimen totalitario de uno democrático. En el estado totalitario los hombres que gobiernan son difíciles de eliminar, y para echarlos fuera se necesita una guerra mundial o por lo menos una revolución interna; mientras que las instituciones son sumamente frágiles y se pueden poner de cabeza descaradamente según el capricho de los hombres que están aferrados al poder. Al augurar el advenimiento de un régimen democrático, estamos augurando la constitución de un sistema político en el cual, por el contrario, las instituciones sean tan duraderas y difíciles de echar por tierra como los individuos sean fáciles de sustituir y cambiar, en el cual sea suficiente con un decreto ordinario para quitar el poder a un hombre del gobierno que ha actuado mal, pero en el que sea preciso llevar a cabo no una guerra mundial o una revolución, sino un trastocamiento total de la situación política del país para cambiar una institución.

El desarrollo del pensamiento republicano combina dos vectores que guían su forma de ordenar una comunidad política y que responden a la pregunta “¿Cómo evitar que nos gobierne un déspota sabandija?”: 1) tener ciudadanos virtuosos, es decir, personas que en su accionar ponen los intereses comunes de su Patria por delante de los personales –algo que desarrollamos en un artículo anterior–  y 2) controlar y dividir el poder, generalmente con un gobierno mixto e instituciones sólidas que estén por encima de las pequeñeces coyunturales y de los privilegios personales.

Algunos pueden darle más importancia a la entereza de las personas, otros a la fortaleza de las instituciones; se puede discutir cuál provoca a cuál o si vienen de la mano. Pero en el fondo de esta noble tradición política, la Virtud Ciudadana y el Imperio de la Ley son una misma cosa que se mezcla en la forma en la que las personas ejercen el poder y son limitadas por las instituciones que otras personas, antes que ellas, ayudaron a crear al ejercer, también, el poder. Cuanto más las tengamos en radar, tanto mejor será la capacidad integral de nuestros dirigentes para gobernar en serio, porque, como sostenía Teddy Roosevelt, “la corriente no se eleva jamás por encima de la fuente principal” y sólo si juzgamos a nuestros y nuestras líderes con el mayor de los estándares podemos aspirar a que los ciudadanos comunes seamos mejores. 

Por cierto: como tradición del orden, el republicanismo opera bajo el supuesto de la existencia de una legalidad con la que “los ciudadanos son libres de no estar de acuerdo, pero no son libres de desobedecerla” (en palabras de J.F. Kennedy durante la crisis de Mississippi) trae menos costos –fundamentalmente tener un intricado sistema legal y burocrático que se esfuerza en mantener todo como está, institucionalizando en gran medida la desigualdad– que beneficios, al proteger derechos, orden y garantías. Este supuesto ha demostrado, en una variedad de contextos históricos, ser altamente discutible. Eso no significa que no debamos ponerla sobre la mesa para que la fuerza de sus principios ideales de igualdad jurídica y debido proceso decanten por su propio peso.

Muchas veces, la vocación institucionalista se ha asociado con el conservadurismo. Eso, de por sí, más que perjudicar al institucionalismo, que es una idea y mucho no le importa, daña irreparablemente a las izquierdas, que son un actor importante a la hora de definir los destinos de nuestras naciones. Y eso nos parece una lástima. Queremos más amor por las instituciones y menos mezquindades cortoplacistas, queremos, como dice Bobbio, más instituciones que sean manantial de política y de justicia para todos y todas y menos bastiones de privilegios que se pelean por partidas presupuestarias o carpetazos al adversario mientras nuestros hermanos y hermanas se mueren de hambre. Sabemos, como recitaba el noble Scalabrini Ortiz, que el Estado de Derecho Constitucional importa porque “aquello que no se legisla explícitamente para el débil se legisla implícitamente para el poderoso”: donde no está la ley creada, ejecutada y controlada por los poderes públicos hay piedra libre para que unos pocos hagan lo que quieran, porque nadie los para. 

Mucho se dice y mucho se ha estudiado en América Latina sobre la debilidad de las instituciones, así que pregonar por su fortalecimiento no sería demasiado novedoso. Con una democracia que se aproxima a cumplir cuarenta años en nuestra patria, existen muchas discusiones que ya no hace falta tener. Pero a la vez, en el juego de la grieta visible (por ejemplo, una polarización que rápidamente tiende a olvidarse de la presunción de inocencia) y de las deudas invisibles (como el sistema de inteligencia y su vínculo con el poder judicial y los medios) nos encontramos recurrentemente con pruebas de lo tanto que nos falta recorrer. Lo más probable es que volvamos a posponerlas, pero tal vez sea hora de mirarlas a los ojos y saldar algunas cuestiones de una vez por todas.

Institucionalización – “Proceso por el cual una práctica u organización se hace bien establecida y ampliamente conocida, si no necesariamente aceptada por todos”. Mainwaring, S. y Scully, T. (1995)

  • Bobbio, N. (2002). “Entre dos repúblicas” en los orígenes de la democracia italiana. México D.F.: Siglo veintiuno.
  • Botana, N. R. (1984). La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo. Buenos Aires, Sudamericana.
  • Godoladze, K. (2014). Republicanism’s paradigm in constitutionalism.
  • Hamilton, A., Jay, J. y Madison, J. (2017). Federalist Papers. Nueva York: Fall River Press.
  • Kennedy, G. (2013). Cicero, Roman Republicanism and the Contested Meaning of Libertas. Political studies.
  • Mainwaring, S. y Scully, T. (1995) Building democratic institutions. Party systems in Latin America. Estados Unidos: Standord University Press.
  • Maquiavelo, N. (2000). Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Madrid: Alianza Editorial.
  • Suetonio, C. (2011). Vida de Calígula. Madrid: Gredos.

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