De los primeros navegantes a la diplomacia del siglo XXI, la soberanía de las islas sigue siendo la cuenta pendiente más profunda de la Argentina
Cada 2 de abril, la Argentina detiene su paso para recordar a quienes combatieron y cayeron en el Atlántico Sur. Pero el verdadero homenaje va más allá del minuto de silencio: exige entender la historia completa de un archipiélago disputado durante más de dos siglos, y la vigencia de un reclamo que hoy sigue vivo en los foros internacionales y en las negociaciones diplomáticas más recientes. Las Islas Malvinas no comenzaron a ser «argentinas» ni «británicas» con el primer cañonazo de 1982. Su historia es mucho más larga, más compleja y, en más de un sentido, más injusta. Para entender el presente —y el futuro— de esta disputa, es imprescindible volver al principio.
Los primeros en llegar: el debate del descubrimiento
El archipiélago del Atlántico Sur fue avistado por primera vez por navegantes europeos en el siglo XVI. El Reino Unido sostiene que el capitán John Davis, a bordo del navío Desire, fue el primer europeo en divisar las islas en 1592. Sin embargo, existen referencias más tempranas vinculadas a expediciones españolas y portuguesas. En cualquier caso, durante los siglos XVII y XVIII el derecho internacional ya no reconocía el mero descubrimiento como título suficiente: se exigía, además, la ocupación efectiva del territorio.
Fue Francia quien concretó el primer asentamiento europeo permanente: en 1764, Louis Antoine de Bougainville fundó Port Louis en la isla Soledad, denominando al archipiélago Îles Malouines, nombre que derivaría en «Malvinas». Un año después, Gran Bretaña estableció por su cuenta un asentamiento en Puerto Egmont, en la isla Saunders. España, que consideraba estas tierras parte de su dominio por el Tratado de Tordesillas, compró los derechos franceses en 1767 y expulsó a los británicos de Puerto Egmont en 1770. Aunque Gran Bretaña recuperó ese puesto en 1771 tras una negociación diplomática, lo abandonó definitivamente en 1774 sin hacer reserva alguna de sus supuestos derechos soberanos. España, por su parte, siguió administrando el archipiélago desde Buenos Aires hasta 1811.
«Fue Francia quien concretó el primer asentamiento europeo permanente: en 1764, Louis Antoine de Bougainville fundó Port Louis en la isla Soledad, denominando al archipiélago Îles Malouines, nombre que derivaría en «Malvinas».»
La Argentina hereda las islas: 1816–1833
Cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia en 1816, heredaron —según el principio jurídico del uti possidetis iuris— los límites y dominios que correspondían al Virreinato del Río de la Plata, territorio que incluía a las islas. El nuevo Estado ejerció actos de gobierno concretos: nombró gobernadores, emitió permisos de pesca y mantuvo una guarnición militar. Luis Vernet, designado comandante político y militar de las islas en 1829, desarrolló una colonia activa en Puerto Soledad.
Sin embargo, el 3 de enero de 1833 todo cambió. Fuerzas británicas llegaron a Puerto Soledad, desalojaron a la población y a las autoridades argentinas y reemplazaron la bandera de las Provincias Unidas por la Union Jack. Lo hicieron en tiempos de paz, sin declaración previa ni comunicación formal. La Argentina protestó de inmediato: el 17 de junio de ese mismo año, el ministro plenipotenciario Manuel Moreno presentó ante el gobierno británico una extensa nota diplomática reclamando la soberanía. Fue la primera de una larga serie de protestas que no cesarían jamás.
Una disputa de dos siglos: los hitos
Durante más de un siglo y medio, el reclamo argentino se sostuvo en los foros diplomáticos sin ningún resultado concreto. El punto de inflexión multilateral llegó en 1965, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, reconociendo formalmente la existencia de una disputa de soberanía e instando a ambos países a negociar una solución pacífica. Era la primera vez que el sistema internacional le daba respaldo formal al reclamo argentino. Desde entonces, la ONU ha reiterado esa exhortación en sucesivas resoluciones, y en diciembre de 2025 se conmemoró el 60° aniversario de aquella histórica resolución con un acto en la Cancillería argentina.
En paralelo, el reclamo fue incorporado a la propia Constitución Nacional en la reforma de 1994. La Cláusula Transitoria Primera establece como objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional.
La guerra que no debió ser
El 2 de abril de 1982 no fue un acto de recuperación heroica: fue la decisión desesperada de una dictadura en crisis. La Junta Militar que encabezaba el general Leopoldo Galtieri apostó a un triunfo rápido en el Atlántico Sur para distraer la atención de la catástrofe económica y la brutal represión interna. El cálculo fue trágicamente errado.
Durante 74 días, miles de jóvenes argentinos —muchos de ellos soldados conscriptos de entre 18 y 20 años, mal equipados, mal alimentados y peor comandados— combatieron con una valentía que la historia reconoce aunque sus propios generales no supieran aprovechar. La Fuerza Aérea Argentina protagonizó una actuación extraordinaria, ejecutando ataques que pusieron en serios apuros a la flota de la Royal Navy y que todavía hoy son estudiados en academias militares de todo el mundo. Pero la superioridad logística británica, el respaldo de los Estados Unidos y la OTAN, y la desastrosa conducción política y militar argentina decidieron el resultado.
Durante 74 días, miles de jóvenes argentinos —muchos de ellos soldados conscriptos de entre 18 y 20 años, mal equipados, mal alimentados y peor comandados— combatieron con una valentía que la historia reconoce aunque sus propios generales no supieran aprovechar.
El 14 de junio de 1982, la Argentina capituló. Las islas siguieron siendo británicas. Pero algo inesperado ocurrió: la derrota aceleró el final de la dictadura. Menos de un año después, en diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumía la presidencia y la democracia regresaba para quedarse. En ese sentido, paradójico y doloroso, Malvinas fue también el último acto de un régimen que había sembrado el terror durante siete años. Los casi 650 soldados argentinos caídos —y los 255 británicos— pagaron con su vida las ambiciones de quienes nunca pisaron las trincheras.
El reclamo democrático: de Alfonsín a Milei
Desde el retorno de la democracia, todos los gobiernos argentinos sin excepción han sostenido el reclamo de soberanía, aunque con estrategias y tonos muy diferentes. Alfonsín intentó el camino multilateral, proponiendo en la ONU fórmulas inspiradas en el modelo de Hong Kong. Menem y De la Rúa apostaron por un acercamiento pragmático al Reino Unido, con vuelos regulares restablecidos y acuerdos de cooperación pesquera. Los gobiernos kirchneristas elevaron la intensidad retórica del reclamo y cosecharon respaldos crecientes en los organismos regionales: el Mercosur, la CELAC y la Unasur adoptaron sucesivas declaraciones de apoyo explícito a la posición argentina, respaldo que se extendió incluso a la Unión Europea en la cumbre UE-CELAC de 2023.
Ninguna de esas estrategias logró sentar al Reino Unido en una mesa de negociaciones genuina. Londres sigue siendo consistente en su postura: las islas son un Territorio Británico de Ultramar, sus habitantes tienen derecho a la autodeterminación y ese derecho ya fue ejercido en el referéndum de 2013, donde el 99,8% votó por permanecer bajo soberanía británica. Argentina responde, con razón jurídica, que ese principio no aplica aquí: la población actual es descendiente de quienes fueron implantados por la fuerza después de expulsar a los argentinos en 1833, y la propia ONU ha calificado esta disputa como un caso especial de descolonización donde no rige la libre determinación en los términos clásicos.
La situación diplomática actual: soberanía y pragmatismo en tensión
El gobierno del presidente Javier Milei presenta una paradoja que incomoda a varios sectores de la política argentina. Por un lado, ha reafirmado en reiteradas oportunidades que la soberanía sobre las islas es «no negociable» y que el único camino posible es el diplomático y pacífico. Por otro, su acercamiento al Reino Unido —motivado en parte por intereses comerciales y por el intento de levantar el veto británico a la venta de armamento que rige desde 1982— genera interrogantes sobre la coherencia estratégica de esa posición.
A fines de 2025, Milei anunció que planea visitar Londres en el primer semestre de 2026, lo que lo convertiría en el primer presidente argentino en pisar suelo británico desde Carlos Menem en 1998. El viaje tiene una agenda múltiple: profundizar vínculos comerciales, avanzar en la negociación del embargo de armas y —al menos en el discurso— abrir instancias de diálogo sobre Malvinas. Sin embargo, fuentes diplomáticas cercanas al gobierno británico fueron categóricas: tampoco para Londres la soberanía de las islas es materia de negociación, y negaron mantener conversaciones específicas sobre el embargo armamentístico, aunque admitieron voluntad de profundizar la cooperación en comercio, ciencia y cultura.
Un elemento geopolítico novedoso asoma en el horizonte. Las tensiones entre Donald Trump y el primer ministro Keir Starmer —visibles en la crisis del estrecho de Ormuz, donde Londres evitó comprometerse militarmente— han generado especulaciones sobre si Washington podría, en algún momento, revisar su tradicional respaldo al Reino Unido en la cuestión Malvinas. Analistas señalan que la Argentina de Milei, alineada ideológicamente con la Casa Blanca, podría beneficiarse de ese distanciamiento. Sin embargo, los mismos analistas advierten que una apertura geopolítica no se traduce automáticamente en un cambio de posición: para aprovechar cualquier ventana diplomática, Argentina necesitaría construir un músculo político, militar y económico que, hoy por hoy, está lejos de tener.
Conclusión: la herida que no cierra
A 193 años de la ilegítima ocupación británica y a 44 años de la guerra que dejó casi 650 argentinos muertos, las Islas Malvinas siguen siendo la cuenta pendiente más profunda de la política exterior argentina. El reclamo no es una consigna de estadio: es un mandato constitucional respaldado por el derecho internacional, por resoluciones de la ONU y por décadas de esfuerzo diplomático sostenido.
La situación actual refleja una tensión genuina entre pragmatismo económico y firmeza soberana. Acercarse comercialmente al Reino Unido puede ser una estrategia legítima, siempre que no implique resignar posiciones de fondo ni confundir el diálogo con la renuncia. El riesgo concreto es creer que la «autodeterminación» de una población implantada por la fuerza en 1833 puede equipararse al derecho soberano de un Estado con títulos jurídicos sólidos. No puede.
Este 2 de abril no es solo un día de memoria: es una invitación a la reflexión colectiva. Los veteranos que combatieron en las islas —muchos de ellos ignorados durante décadas por el Estado que los mandó a pelear— merecen algo más que una ceremonia anual. Merecen que su sacrificio sea el fundamento de una política de Estado seria, coherente y sostenida a través del tiempo y de los gobiernos.
Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. No como grito reflejo, sino como convicción histórica, jurídica y humana. Y el único camino verdadero —hoy como siempre— es la diplomacia, la paciencia y la firmeza.
